Tras el bullado “Caso Sobresueldos” la Contraloría Regional de La Araucanía volvió a emitir un documento en torno al accionar de la Municipalidad de Pucón, esta vez se trata del oficio N° OF74881/2026, fechado el 17 de abril, en el que se concluye que la asignación de funciones a siete personas contratadas a honorarios no se ajustó a la normativa, al estimar que las labores desarrolladas no eran de carácter accidental, específico ni transitorio.
De acuerdo con el documento, la revisión se originó a partir de antecedentes denunciados respecto de contrataciones efectuadas con carácter indefinido para desarrollar tareas que, según Contraloría, eran propias del funcionamiento municipal. En su análisis, el organismo señala que este tipo de contratación a honorarios solo puede utilizarse para cometidos específicos y accidentales, y no para desempeñar funciones permanentes o habituales dentro de la administración.
En su respuesta al requerimiento de Contraloría, el municipio indicó que estas contrataciones se realizaron en el marco del “Programa de Gestión Territorial y Vinculación Comunitaria”, iniciativa aprobada en marzo de 2025 y orientada —según se expone en el oficio— a consolidar a Pucón como una comuna planificada, con mejor prestación de servicios, optimización del uso del suelo y desarrollo equilibrado. Para ello, se aprobaron bases concursables destinadas a proveer cargos de coordinadores territoriales, con un presupuesto de $150 millones.
Sin embargo, tras revisar tanto los convenios como el reglamento interno municipal, Contraloría advirtió que varias de las tareas asignadas a estos prestadores se vinculaban directamente con labores habituales del aparato municipal. Entre ellas, se mencionan acciones como organizar espacios de participación, coordinar iniciativas en terreno, actuar como enlace entre el municipio y la comunidad, participar en reuniones mensuales, apoyar estrategias municipales y colaborar en la detección de problemáticas territoriales.
El organismo contralor también incorporó un anexo comparativo en el que relaciona las labores pactadas en los contratos con funciones que, de acuerdo con el reglamento interno de la Municipalidad de Pucón, ya corresponden a unidades como SECPLA, DIDECO, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Gestión de Riesgos y la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
En la conclusión del oficio, Contraloría sostiene que las funciones desempeñadas por los trabajadores observados “corresponden a labores permanentes y habituales que son propias de la gestión municipal”, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, referido al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Por ello, instruyó que, en lo sucesivo, el municipio dé estricto cumplimiento a la normativa vigente y evite asignar a honorarios funciones permanentes o propias de cargos de planta o contrata.
El oficio no ordena en este documento una sanción específica, pero sí formula una advertencia formal a la casa edilicia respecto de cómo deben acotarse este tipo de contrataciones en adelante. En ese contexto, el pronunciamiento de Contraloría fija un criterio claro: los contratos a honorarios no pueden transformarse en una vía para cubrir funciones estructurales de la administración municipal.
