Por Nicolás Martínez, Director de El Trancura.
En Chile, cada verano se presenta el mismo escenario: altas temperaturas, baja humedad, vientos, y una chispa —a veces accidental, a veces derechamente intencional— que termina convirtiéndose en tragedia nacional. La diferencia es que esta vez, nuevamente, la magnitud nos golpea en la cara con números que no admiten relativizaciones: cerca de 20 personas fallecidas, más de 7.200 damnificados, sobre 1.500 viviendas destruidas, y más de 38 mil hectáreas quemadas.
Y ante este escenario, la pregunta se vuelve inevitable: ¿cuántas veces más tenemos que vivir lo mismo para entender que no basta con reaccionar? ¿Cuántas postales de humo sobre ciudades, cuántas familias sin casa, cuántos voluntarios exhaustos, cuántas rutas cortadas y cuántos cerros consumidos por fuego, antes de asumir que la emergencia no es solo climática y operativa, sino también política y legislativa?
Hoy existe un proyecto concreto, con nombre y número: el Boletín 16.335-14, “Regula la prevención de incendios forestales y rurales, y otras materias que indica”, ingresado en octubre de 2023 y que se mantiene en segundo trámite constitucional. En simple: Chile aún no tiene una Ley de Incendios robusta y moderna, pese a que el país ya aprendió —a un costo doloroso— que el fuego no se apaga solo con heroísmo.
Porque sí: la respuesta en terreno importa, y muchísimo. Bomberos, brigadistas, personal municipal, vecinos organizados y equipos de emergencia son, muchas veces, la última línea entre la vida y la muerte. Pero el punto es precisamente ese: no podemos seguir empujando toda la responsabilidad hacia la última línea, mientras el país posterga las herramientas que se necesitan antes del incendio: prevención obligatoria, coordinación, fiscalización y atribuciones claras. Los datos duros no solo describen esta emergencia; también exponen el tamaño de la deuda institucional.
Reuters informó el 19 de enero que los incendios dejaban al menos 19 fallecidos, con más de 30 focos activos, y más de 35.000 hectáreas afectadas; solo cerca de Concepción se mencionaban más de 14.000 hectáreas quemadas. Es decir: no estamos ante un episodio menor. Estamos ante un fenómeno de escala regional, que golpea zonas pobladas, infraestructura y economías locales.
Y, además, hay algo que Chile no puede seguir esquivando: la mayoría de los incendios tienen origen humano. Incluso cuando no existe intencionalidad, la negligencia y la imprudencia pesan como una carga gigante. En datos difundidos por plataformas asociadas a prevención y reportes basados en investigaciones de CONAF, se ha indicado que, dentro de los incendios investigados, un 28% corresponde a intencionales, mientras que el resto se vincula principalmente a negligencia/accidentales (con variaciones según temporada y muestra). Este porcentaje —por sí solo— debería bastar para entender que aquí no hablamos únicamente de “mala suerte” o “veranos duros”: hablamos de conductas, de delitos y de falta de medidas estructurales para evitarlos.
Por eso, cuando hoy se pide con urgencia que avance la “Ley de Incendios”, no es una consigna vacía. Es una exigencia lógica frente a un país que ya demostró que puede quedar de rodillas en horas.
Según el resumen público de Biobío Chile, el proyecto contempla medidas como patrullajes preventivos del servicio forestal (en el debate se le suele mencionar ligado a la nueva institucionalidad), además de peritajes coordinados para determinar causas, y mayores atribuciones para que gobiernos regionales se involucren en planificación y prevención. En otras palabras: la ley busca pasar del “apaguen como puedan” a un esquema donde el Estado tenga más herramientas para anticiparse, ordenar responsabilidades y mejorar la investigación.
Y aquí aparece el punto editorial de fondo: la legislación no es un adorno. Es el marco que define qué se exige, quién responde, quién fiscaliza, qué se sanciona y con qué rapidez se actúa. Si ese marco queda corto, la realidad lo cobra con intereses, y esos intereses se llaman: vidas humanas, casas, escuelas, postas, animales, bosques y economías locales enteras.
Chile, además, tiene otra señal que no se puede ignorar: aun cuando una temporada tenga menos ocurrencia que otra, el daño puede ser devastador. CONAF reportó que en la temporada 2023-2024 hubo 5.846 incendios, una baja de 14% respecto al período anterior (6.797). ¿Qué nos dice eso? Que no basta con contar incendios. Importa —y mucho— la capacidad de propagación, el combustible disponible, las zonas de interfaz urbano-rural, la preparación territorial, y el control (o no) de prácticas de riesgo.
Por eso este editorial no se suma al llamado por costumbre. Se suma por convicción y por evidencia: es urgente que el Congreso despache una Ley de Incendios. Urgente no como palabra grandilocuente, sino como descripción exacta de un país que se quema una y otra vez, mientras sus familias se quedan mirando el humo con la sensación de que todo era evitable.
En El Trancura lo decimos con claridad: La tragedia no puede seguir siendo el único motor para legislar.
No podemos esperar al próximo muerto para ponernos serios. No podemos esperar al próximo pueblo arrasado para “priorizar” un proyecto. No podemos seguir normalizando que todos los veranos Chile viva con el corazón apretado, porque “así es el verano”. No: así no tiene por qué ser.
El fuego seguirá existiendo. El cambio climático seguirá tensionando el territorio. Los vientos seguirán soplando. Pero lo que no puede seguir igual es nuestra capacidad de prevención, coordinación y sanción.
Chile necesita una Ley de Incendios ahora. No la semana que viene, no cuando “haya espacio en tabla”, no cuando baje la presión mediática. Ahora, cuando las cifras aún están calientes, cuando todavía hay incendios activos, cuando hay familias contando lo que perdieron, y cuando el país entero entiende —por fin— lo caro que sale llegar tarde.
Porque hay algo peor que un incendio: un incendio que se repite, sabiendo que se podía haber evitado.
