La Municipalidad de Pucón dio por concluido el sumario administrativo instruido tras las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República en el denominado “Caso Sobresueldos”, investigación que buscó establecer eventuales responsabilidades administrativas al interior del municipio por la contratación de personal, fijación de remuneraciones, pago de bonos y control de los procesos administrativos.
El caso se hizo público luego de una denuncia anónima y posteriormente fue investigado por la Contraloría Regional de La Araucanía mediante el Informe N° 731, el cual cuestionó las remuneraciones percibidas por los prestadores de servicios a honorarios Iván Soriano, Jefferson Adaro y Esteban Backit. El organismo contralor calificó parte de esos pagos como desproporcionados respecto de los grados más altos de la planta municipal con los que debían homologarse, por un monto superior a $55 millones, además de objetar el pago de bonos, ordenando su devolución. Medida que también fue respaldada por el Alcalde Sebastián Álvarez, quien pidió que los asesores implicados restituyeran los dineros.
Ese proceso concluyó mediante el Decreto Alcaldicio N° 2501, de fecha 20 de julio de 2026, firmado por el alcalde Sebastián Álvarez.
La resolución resolvió la destitución del exadministrador municipal Francisco Torres Valderrama, al determinar que incumplió gravemente su deber de ejercer el control jerárquico de la administración municipal, no solo en el denominado “Caso Sobresueldos”, sino por una serie de irregularidades. El decreto sostiene que vulneró los sistemas de contratación al fijar remuneraciones y bonos sin fundamento técnico, validar informes contradictorios, manifestar desconocimiento de la planta municipal y ordenar la extensión improcedente de 21 contratos bajo el Código del Trabajo más allá del período estival autorizado.
Asimismo, el decreto aplicó una multa equivalente al 25% de una remuneración mensual al director de Recursos Humanos, Ignacio Quiroz Arrau, por considerar que incurrió en una falta de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones. Según la resolución, permitió, sin representar formalmente las irregularidades detectadas, que se vulneraran los sistemas de contratación, fijándose remuneraciones y bonos sin fundamento técnico, validándose informes contradictorios y avalándose la extensión improcedente de contratos bajo el Código del Trabajo.
En tanto, el director de Control, Edgar Walter Carter Rascheja, y la encargada de Presupuesto, Marcia Ortega Colimán, fueron absueltos de responsabilidad administrativa.
Respecto de Iván Soriano, Jefferson Adaro y Esteban Backit, el decreto establece que, por su condición de prestadores de servicios a honorarios, no les resultan aplicables las normas disciplinarias del Estatuto Administrativo Municipal, razón por la cual no se les aplicaron sanciones administrativas.
Sin perjuicio de ello, el mismo decreto mantiene dentro de sus considerandos las observaciones formuladas durante la investigación. Entre ellas, se señala que Soriano habría visado su propio contrato y ejercido labores de planta sin cumplir los requisitos; que Backit habría percibido bonos improcedentes sin contar con título profesional o técnico completo, y que Adaro habría recibido remuneraciones superiores a las de funcionarios de planta. No obstante, dichos antecedentes no derivaron en sanciones disciplinarias debido a que los tres tenían la calidad de prestadores de servicios a honorarios.
Comunicado enviado a El Trancura
Tras conocerse el decreto, Jefferson Adaro hizo llegar un comunicado a El Trancura, en el que sostiene que la resolución “dictaminó la inocencia administrativa” tanto de él como de Iván Soriano y que el proceso concluyó sin responsabilidades en su contra.
En la declaración, además, afirma que durante los últimos meses ambos profesionales fueron objeto de una campaña de descalificaciones públicas basada en filtraciones parciales del proceso, lo que —asegura— afectó su honra, trayectoria profesional, salud y entorno familiar.
El comunicado también sostiene que el decreto constituye una reparación institucional y anuncia que la defensa prepara acciones judiciales de indemnización de perjuicios por daño moral y laboral contra quienes consideren responsables de las imputaciones públicas.
