POR: ROBERTO NAPPE G.
En estos días, donde la confianza en el Estado anda por los suelos, y en marzo viene un cambio de gobierno, vale la pena hacerse una pregunta bien directa: ¿cómo deberíamos ver a la gente con altos cargos que trabaja en el gobierno o en las instituciones públicas? ¿Como autoridades que mandan, que imponen y que uno tiene que tratar con cuidado y distancia? ¿O como servidores públicos, que eligieron estar ahí por “vocación”, cuya función es mejorar la vida de las personas, y que además cobran de nuestros impuestos y que deben responder ante nosotros?
Para mí está clarísimo: hay que inclinar la balanza hacia lo segundo. Verlos como servidores no los debilita, al contrario: les da más fuerza legítima y nos ayuda a todos a comprender mejor nuestra relación con el estado, y con aquellos a quienes elegimos para el servicio público.
Piensa un segundo en cómo nació la idea de democracia. No fue para que unos pocos se pusieran arriba y mandaran sin que nadie les dijera nada. Fue un acuerdo entre ciudadanos: “te entrego un poco de poder para que organices las cosas por el bien de todos, pero ese poder es mío, y tú me lo devuelves rindiendo cuentas”. Cuando tratamos a los funcionarios como “autoridades” intocables, volvemos a la época de los reyes o de los regímenes donde el de arriba decide y el de abajo obedece sin pestañar. Eso no es democracia; es otra cosa.
Mira los países que lo hacen bien. En Nueva Zelanda o en los países nórdicos, los políticos y los funcionarios se ven como facilitadores: gente que está para resolver problemas, no para ponerse medallas. Por eso hay menos corrupción y la gente confía más en sus instituciones. Acá en Chile, en cambio, muchas veces pasa lo opuesto: escándalos de corrupción, malas gestiones en crisis, y la sensación de que los de arriba viven en otra realidad. ¿Resultado? La gente se desconecta, desconfía y termina pensando que “todos son iguales”.
Claro, alguien podría decir: “pero sin autoridad no hay orden, ¿cómo se hace cumplir la ley o se toman decisiones difíciles?”. Y tiene razón, en parte. La autoridad existe y es necesaria. Pero hay una diferencia enorme entre autoridad legítima (la que viene de la ley y del acuerdo ciudadano) y autoritarismo (la que se impone porque sí, que exige subordinación, sin explicar ni escuchar). Un buen servidor público puede ejercer autoridad con firmeza, pero siempre recordando que sirve, no que domina.
Lo que necesitamos es educar, y exigir, que se rinda cuentas de verdad: auditorías serias, participación real de la gente, prensa que fiscalice sin miedo. Así, cuando un funcionario se equivoca, no se tapa bajo el manto de la “autoridad”, sino que responde como cualquier persona que trabaja para otros. Para todos.
Al final, cambiar la forma en que vemos a los que trabajan en el Estado no los hace menos importantes; los hace mejores. Les recuerda que su sueldo sale de nuestro bolsillo, que su éxito se mide en cómo mejoran la vida de la gente, no en privilegios o en cuántos autos fiscales usan. En tiempos de tanta desconfianza y populismo, este cambio de mirada podría ser justo lo que nos falta para reconstruir un Estado que realmente nos represente y en el que confiemos.
La próxima vez que hables con un concejal, un seremi, un alcalde o un ministro, pregúntate: ¿lo estoy viendo como una autoridad intocable o como un servidor público con el trabajo de mejorar la vida de los demás? Tu respuesta, y la de millones, puede definir cómo vivimos juntos de aquí en adelante.
Así es que en el próximo acto público que participes, el vocativo debería decir: “Saludamos a todos las autoridades” o “Saludamos a todos los servidores públicos presentes”?
Estimado Roberto, comparto el espíritu de tu columna y quisiera matizar un punto clave, si bien es cierto la consigna de “autoridad” muchas veces nace solo de la cultura, es nuestra Constitución que establece de manera jurídica ese concepto, donde el pueblo, al ejercer su derecho a elegir “democráticamente”, traspasa el poder de ejercer autoridad sobre las acciones y decisiones que gobernarán nuestra patria y nuestro diario quehacer. Esa autoridad es delegada, limitada y rendida, pero es autoridad al fin y al cabo. Dicho sea de paso, hablamos de una Constitución que el 80% de la ciudadanía no conoce ni ha leído con detención, pero que, sin embargo, fue ratificada mayoritariamente, y no sabría decir si conscientemente el 2023. No es un detalle menor: ese “precepto madre” es también el origen del descontento actual, porque se exige a las instituciones una legitimidad que muchos no comprenden en su fundamento jurídico.
Ahora bien, cuando hablamos de “servidores públicos”, para mí esos son, en esencia, los dirigentes sociales, vecinales y comunitarios que día a día trabajan sin sueldo, solo movidos por el afán de cambiar o conseguir mejoras para otros, incluso para quienes muchas veces los critican o los descalifican. Esos son, en el sentido más puro, verdaderos servidores públicos.
Quienes ejercen autoridad desde el Estado, ya sea, ministros, seremis, alcaldes, concejales, altos directivos, son y seguirán siendo, en términos jurídicos, funcionarios públicos, personas investidas de poder estatal, remuneradas con recursos fiscales y obligadas a rendir cuentas. Pueden y deben tener vocación de servicio, por supuesto, pero no deberíamos confundir el concepto noble de servicio desinteresado con el ejercicio profesional y remunerado de una función pública.
Quizás el desafío no es dejar de hablar de “autoridades”, sino recordarles cada día que esa autoridad es prestada, condicionada y revocable, y al mismo tiempo reconocer el servicio silencioso de quienes, desde la sociedad civil, encarnan lo que realmente significa servir al país. Así también dar fuerza y respaldo a los verdaderos servidores públicos y las organizaciones que representan.