Alcalde acusad alta de fiscalización por parte de la antigua administración y concejales, algunos de ellos continuan en su cargo durante este periodo.
El Trancura dio a conocer recientemente parte de un informe preliminar elaborado por la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAC), donde se exponen graves irregularidades en comodatos de terrenos municipales entregados a organizaciones sociales durante los últimos 20 años. Entre las situaciones detectadas hay convenios vencidos, incumplimiento de los fines para los que fueron otorgados e, incluso, casos en que se habrían desarrollado actividades lucrativas, algo estrictamente prohibido.
(Para más detalles, ver nota del 17 de noviembre).
La información generó inmediatas repercusiones y declaraciones cruzadas entre autoridades locales.
“Durante muchos años no existió fiscalización y eso produjo un gran desorden (…) En estricto rigor, la responsabilidad recae en la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección Jurídica, la Dirección de Desarrollo Comunitario y también en los concejales, que en esta materia no cumplieron adecuadamente con su rol fiscalizador”, indicó el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez.
Por su parte, el concejal Julio Inzunza —quien ya fue edil antes del actual periodo— apuntó sus críticas al municipio y a las organizaciones: “Creo que no pasa tanto por un tema de fiscalización, excepto en un par de situaciones que en su minuto igual se hablaron en la mesa del Concejo (usuarios que han utilizado terrenos con fines de lucro) y que yo mismo planteé que no me parecían correctas (…) En el fondo, todo se produjo por falta de preocupación de la administración municipal y de los propios usuarios”.
Otro concejal que se refirió al tema fue Emilio Ulloa, nieto del histórico exalcalde de Pucón, Carlos Barra. Consultado sobre si faltó mayor fiscalización en la antigua administración municipal, señaló: “En la gestión pública, y en la fiscalización de bienes municipales, siempre se puede y se debe hacer una mejor labor. Es esencial mantener información actualizada y verificar en terreno para asegurar que los fines originales de los comodatos —en beneficio de la comunidad— se cumplan estrictamente. Este tipo de situaciones subraya la importancia de la transparencia y la probidad en el uso de recursos y bienes públicos”.
