La entrada en vigencia del Plan de Descontaminación de la cuenca del Lago Villarrica incorporó una medida que podría resultar clave para ordenar y fiscalizar el borde lacustre: la realización de un estudio destinado a fijar oficialmente la línea de aguas máximas, permitiendo establecer con mayor precisión el límite entre las propiedades privadas y los bienes nacionales de uso público.
El Plan de Descontaminación fue publicado en el Diario Oficial el pasado 13 de agosto de 2026 y constituye el primer instrumento de este tipo en Chile destinado específicamente a recuperar un ecosistema acuático. Su objetivo es restablecer los niveles de calidad ambiental del lago en un plazo de 15 años, principalmente mediante la reducción del ingreso de fósforo y otros nutrientes contaminantes.
Uno de sus puntos relevantes está contenido en el artículo 53, que establece que la Seremi de Bienes Nacionales de La Araucanía deberá procurar, dentro de un plazo de dos años desde la publicación del plan, la realización de un estudio para determinar la línea de aguas máximas del Lago Villarrica, conforme a la normativa que regula los deslindes entre propiedades ribereñas y bienes nacionales de uso público.
La denominada línea de aguas máximas corresponde al nivel que alcanzan las aguas durante sus crecidas normales y constituye un elemento fundamental para establecer legalmente hasta dónde llega el espacio público en las riberas. Su definición permitirá contar con antecedentes técnicos más precisos para determinar eventuales ocupaciones de playas, terrenos fiscales y otros sectores del borde lacustre.
Más de 200 estructuras sin regularización
La medida cobra especial importancia considerando la cantidad de construcciones que durante los últimos años han sido detectadas sin los permisos correspondientes. Un levantamiento realizado por el Puerto del Lago Villarrica, dependiente de la Armada de Chile, contabilizó en 2024 un total de 848 estructuras marítimas en las riberas de Pucón y Villarrica, entre muelles, muros, rellenos, boyas y otras instalaciones.
De ellas, 232 no tenían ningún trámite de regularización iniciado, mientras otras 233 se encontraban en proceso de regularización. Además, se habían detectado 371 ocupaciones que no habían podido ser vinculadas con sus propietarios, por lo que el universo de situaciones eventualmente irregulares podría ser incluso mayor. El entonces capitán de Puerto del Lago Villarrica, Paul Hudson, señaló que las 232 obras sin regularización ocupaban bienes nacionales de uso público o fiscales sin la autorización correspondiente.
La cifra, eso sí, corresponde al catastro informado en 2024, por lo que el número actual puede haber variado debido a posteriores procesos de regularización, retiro de estructuras o nuevas fiscalizaciones.
La problemática tiene antecedentes anteriores. Según información recogida en el mismo proceso de fiscalización, en 2021 habían sido identificadas 643 estructuras marítimas sin la concesión respectiva, cifra que posteriormente disminuyó a 232 gracias a procedimientos de regularización impulsados por la autoridad marítima.
No significa una demolición automática
La fijación de la línea de aguas máximas podría facilitar la identificación de aquellas construcciones que efectivamente ocupen bienes nacionales de uso público, pero el Plan de Descontaminación no establece una demolición automática o masiva de las más de 200 estructuras detectadas.
Cada situación deberá ser determinada conforme a su ubicación, permisos, concesiones y normativa aplicable. La nueva delimitación entregará, sin embargo, una herramienta técnica relevante para que las instituciones competentes puedan fiscalizar y definir las medidas que correspondan en aquellos casos donde exista ocupación irregular del borde del lago.
El Plan de Descontaminación contempla en total 71 artículos y busca disminuir en al menos 67,4 toneladas anuales las emisiones de fósforo que llegan al Lago Villarrica. Entre sus principales medidas se encuentran nuevas exigencias para pisciculturas, saneamiento de aguas servidas, conexión de viviendas al alcantarillado, soluciones sanitarias rurales y programas de restauración y reforestación con especies nativas.
La futura definición de la línea de aguas máximas abre así un nuevo capítulo en un problema que por años ha generado controversia en Pucón y Villarrica: la ocupación privada de sectores que podrían corresponder al borde público del lago y la necesidad de compatibilizar su uso con la protección ambiental y el libre acceso a este patrimonio natural.
