POR: TOMÁS KAST, DIPUTADO.
Por estos días se ha cuestionado la decisión de retirar el decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, firmado el último día del gobierno anterior. Pero seamos claros desde el inicio: aquí no estamos frente a un capricho ni a una señal de retroceso. Estamos frente a una decisión de sentido común, de responsabilidad pública y de respeto por la magnitud del desafío que tenemos por delante.
Como diputado de La Araucanía, tengo claro que la protección del Lago Villarrica es una prioridad. Pero también tengo claro que esa protección solo será efectiva si hacemos las cosas bien, sin improvisaciones y sin atajos.
El Lago Villarrica no es cualquier cuerpo de agua. Es uno de los principales activos ambientales de la Región de La Araucanía, motor del turismo, fuente de desarrollo para miles de familias y parte esencial de un ecosistema que debemos cuidar con seriedad. Su deterioro, producto del exceso de nutrientes y el avance de procesos de eutrofización, es un problema real, urgente y que exige soluciones bien diseñadas.
Precisamente por eso, el Plan de Descontaminación no puede tratarse como un mero trámite administrativo. Estamos hablando de un instrumento que va a definir reglas del juego por años, que va a incidir en la vida de las personas, en la actividad productiva, en los municipios y en la planificación territorial. No es menor. Y por lo mismo, no se puede despachar a última hora, sin discusión, sin revisión y sin hacerse cargo de sus implicancias.
Firmar un decreto de esta envergadura el último día de un gobierno, sin espacio real para que la administración entrante lo analice, lo mejore o incluso corrija aspectos críticos, no es una señal de compromiso ambiental. Es una mala práctica. Es intentar dejar amarrada una política pública compleja sin el mínimo estándar de diálogo y revisión que merece.
Aquí hay que decirlo con claridad: revisar no es retroceder. Revisar es gobernar bien.
Quienes hoy critican la decisión de retirar el decreto parecen olvidar que una mala política pública, por muy bien intencionada que sea, termina generando más daño que beneficio. Un plan mal diseñado, con medidas desproporcionadas o técnicamente débiles, no solo no resuelve el problema, sino que puede afectar injustamente a comunidades completas y perder legitimidad en su implementación.
Si de verdad queremos proteger el Lago Villarrica, tenemos que hacerlo bien. Eso implica rigor técnico, coordinación institucional y, sobre todo, diálogo con quienes viven en el territorio. Implica entender que la descontaminación no se decreta en el papel, sino que se construye con medidas viables, fiscalizables y sostenibles en el tiempo.
Además, un plan de esta naturaleza requiere algo fundamental: legitimidad. Y la legitimidad no se impone, se construye. Se construye escuchando a los municipios, a los sectores productivos, a las comunidades locales y a los expertos. Se construye con transparencia y con responsabilidad.
Apurar decisiones estructurales a última hora no fortalece la protección ambiental, la debilita. Porque instala dudas, genera resistencia y compromete la eficacia de las medidas.
Por eso, retirar el decreto para revisarlo no solo es razonable. Es lo correcto.
Es la señal de que se quiere hacer una política pública seria, que no se queda en el titular ni en la firma de último minuto, sino que busca resultados reales. Es entender que el cuidado del medio ambiente no puede estar sujeto a la lógica de la urgencia política, sino a la responsabilidad de largo plazo.
Porque cuando se trata de cuidar nuestro entorno, la verdadera responsabilidad no está en firmar rápido. Está en decidir bien.
