Por: María Graciela Carrillo F. Abogada
Siendo fiscal e investigadora de la Ley Karin por dos años, aseguro que con dicha ley tenemos un piso que no existía antes, si bien queda techo por tocar, indudablemente, esta norma es mejor que la anterior. Si me preguntan si los plazos para realizar investigación (5 y 20 días en el sector público o 30 días en el sector privado) son suficientes, absolutamente no!!, siendo esta mi mayor crítica constructiva desde el rol activo que asumo, dependemos de la cantidad de testigos, diligencias a solicitar, recibo de documentación, etc, ante lo cual debe cumplirse el debido proceso(darle la oportunidad a las partes de cumplir su derecho a tener un proceso justo, sin arbitrariedades y eso implica esperar que la prueba se pueda recabar a cabalidad, demorándose los procesos por un fin mayor, pero cumpliendo con uno de los principios que sustentan la Ley Karin ,otorgando a las partes la certeza de un proceso bien realizado. Siguiendo con la retroalimentación, la Ley Karin ha funcionado, el objetivo y fundamento ha permitido empoderar a las personas para denunciar cuando corresponde, desestimándose las denuncias falsas que tienen una motivación puramente perjudicial hacia el denunciado. Según mi criterio ,lo que no ha estado a la altura son las Instituciones que venían a contribuir con la nueva Ley, me refiero a mutualidades, inspección del trabajo, organismos públicos que por distintos motivos colapsaron, pero la gran falencia que visualizo es la designación del investigador, ya que son nombrados funcionarios o trabajadores sin tener los conocimientos ni experiencia práctica para realizar un procedimiento disciplinario efectivo, trayendo la decepción en muchas personas que han denunciado con fundamento, debiendo recurrir a la justicia para reparar en parte el derecho vulnerado.
La Ley Karin debe ser modificada para ser más eficiente y eficaz, siendo necesario sólo el cambio de una palabra, lo que podría traer más confianza en ella… reemplazar “preferentemente” por “deberá” cuando se refiere a quienes deben investigar, esto implicaría la obligatoriedad, tanto para empresas como para instituciones públicas de tener personal calificado para realizar un proceso investigativo, pudiendo ser una prueba contundente ante nuestros tribunales laborales. Lo anterior se debe relacionar con lo que nos manifiesta el filósofo francés Jean-Paul Sartre: «Las palabras son pistolas cargadas», reflexionando que pronunciar una palabra nos obliga a asumir la responsabilidad de sus consecuencias en el mundo.
