Un hecho que podría derivar en graves consecuencias judiciales quedó al descubierto en Pucón, luego que la directora del Colegio Liahona de Pucón, Claudia Villarroel Meléndez, presuntamente se negara a cumplir una orden emanada por la Corte de Apelaciones de Temuco, relacionada con la reincorporación inmediata de un estudiante cuya matrícula había sido cancelada.
Según los antecedentes conocidos, Carabineros acudió hasta el recinto educacional para notificar formalmente una orden de no innovar dictada por el tribunal de alzada, resolución que permitía al adolescente regresar a clases mientras se tramita el recurso de protección presentado por la abogada Valeri Barría Dillems.
Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto, la directora habría señalado al funcionario policial que la notificación debía realizarse al representante legal del establecimiento, Héctor Penna Díaz, quien reside en Santiago, razón por la cual no habría procedido a reincorporar al alumno en ese momento.
La resolución judicial establece expresamente que el estudiante “podrá asistir a clases mientras pende la tramitación del presente recurso”, acogiendo así la orden de no innovar solicitada por la parte recurrente.
“Atendido el mérito de los antecedentes, ha lugar a la orden de no innovar solicitada, solo en cuanto se dispone que el recurrido deberá reincorporar al adolescente a su recinto educacional, quien podrá asistir a clases mientras pende la tramitación del presente recurso”, señala la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Asimismo, el tribunal declaró admisible el recurso de protección y otorgó un plazo de ocho días para evacuar el informe correspondiente por parte del recurrido.
Mientras tanto, la situación mantiene abierto el debate respecto al resguardo del derecho a la educación, garantía protegida constitucionalmente en Chile, especialmente considerando que el estudiante continuaría impedido de asistir normalmente a clases pese a la orden vigente emanada desde la justicia.
