Una demanda de prescripción extintiva fue presentada ante el Juzgado de Letras de Pucón por la Junta de Vecinos N°6 de Caburgua Bajo en contra de la Municipalidad de Pucón, buscando que se declare prescrita una deuda originada por una subvención municipal otorgada en el año 2017 y que, según los antecedentes judiciales, nunca habría sido rendida por la directiva de aquella época.
De acuerdo a la acción judicial, la subvención ascendía a $2 millones y estaba destinada a financiar el transporte de vecinos entre Caburgua Bajo y Pucón. El convenio habría sido suscrito el 13 de marzo de 2017 y aprobado posteriormente mediante decreto municipal.
Según expone la demanda, la directiva de entonces —encabezada por Albino Segundo Martínez Muñoz— no habría efectuado la rendición de gastos exigida por el convenio, situación que con el tiempo derivó en una deuda registrada por el municipio.
Sin embargo, la actual directiva de la organización vecinal asegura que recién tomó conocimiento de esta situación a fines del año 2025, cuando intentaban postular a nuevos fondos municipales. En ese contexto, sostienen que inicialmente la Municipalidad emitió un “Certificado de No Deuda”, el cual posteriormente fue dejado sin efecto, dando paso a un nuevo documento donde sí se establecía la existencia de una deuda pendiente por falta de rendición.
En los antecedentes ingresados al tribunal, la Junta de Vecinos argumenta que han transcurrido más de ocho años desde que la obligación se hizo exigible, por lo que la acción de cobro se encontraría prescrita conforme a las normas del Código Civil.
La demanda también sostiene que la actual directiva “no puede cargar con las malas prácticas de otro”, apuntando a que los actuales representantes de la organización no tuvieron participación en la administración que recibió la subvención en 2017.
El abogado patrocinante de la causa, Raúl Opazo Fuentes, solicita al tribunal que declare prescrita cualquier deuda relacionada con dicha subvención municipal, ya sea respecto de obligaciones de rendición o devolución de fondos.
Hasta ahora no existe un pronunciamiento judicial definitivo sobre el caso, por lo que será el tribunal quien determine si efectivamente corresponde declarar prescrita la deuda reclamada.
En resumen, la acción judicial busca extinguir una deuda de $2 millones asociada a una subvención municipal entregada en 2017 y que, según la actual directiva, nunca fue rendida por dirigentes anteriores.
