La Municipalidad de Pucón expresó su preocupación tras conocer los resultados de una auditoría forense realizada por la empresa Fortunato y Asociados, correspondiente al período 2021-2024, informe que detectó diversas debilidades administrativas, financieras y de control interno al interior del municipio.
La actual administración señaló que los antecedentes contenidos en la auditoría evidencian “importantes debilidades de control interno, falta de seguimiento financiero y situaciones administrativas que afectan directamente el patrimonio municipal y los recursos de todos los vecinos de la comuna”.
Entre los aspectos más complejos detectados se encuentran partidas antiguas con escasa o nula capacidad de recuperación, además de saldos sin análisis suficientes ni respaldo detallado de su composición. Según el informe, existirían riesgos de eventual detrimento patrimonial en cuentas de alta cuantía, especialmente vinculadas a costos de proyectos, transferencias reintegrables y fondos pendientes de rendición.
El municipio también manifestó preocupación por las consecuencias que estas situaciones han generado en organizaciones sociales y territoriales de la comuna. En ese contexto, se mencionan casos como la Junta de Vecinos de Caburgua, con observaciones asociadas a recursos del año 2017, y la Junta de Vecinos de Relicura, que mantendría situaciones pendientes desde 2010.
En materia de recursos humanos, la auditoría habría detectado un crecimiento significativo del gasto en remuneraciones y honorarios entre 2021 y 2024, situación que preocupa especialmente en medio del escenario financiero que enfrentará el municipio debido a la disminución de ingresos provenientes del casino.
Asimismo, el informe advierte sobre posibles casos de funcionarios que eventualmente no cumplirían con requisitos de salud compatibles con sus funciones, además de observaciones relacionadas con pagos simultáneos de remuneraciones y honorarios, antecedentes que podrían derivar en responsabilidades administrativas y laborales.
Otro de los puntos observados corresponde a contratos de arriendo que, según el informe, se habrían realizado sin procesos formales y transparentes de adquisición, careciendo de llamados abiertos, bases administrativas o mecanismos adecuados de selección.
Pese al complejo escenario descrito en la auditoría, la Municipalidad aseguró que ya comenzó a implementar medidas orientadas a fortalecer el control interno, transparentar la gestión municipal y perseguir eventuales responsabilidades administrativas.
Además, destacaron que la actual administración logró optimizar cerca de 192 millones de pesos mediante reorganización de dependencias y reubicación de espacios municipales, reduciendo así la necesidad de nuevos arriendos.
Finalmente, desde el municipio afirmaron que asumirán íntegramente las recomendaciones formuladas por la empresa auditora, iniciando acciones concretas para mejorar los mecanismos de fiscalización y resguardar los recursos públicos de la comuna.
