Según datos recogidos entre los años 2020 y 2024.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló graves desórdenes financieros y falencias estructurales en la gestión contable de 73 entidades públicas del país: 50 servicios del Gobierno Central y 23 municipalidades, entre ellas la Municipalidad de Pucón, lo que impidió aprobar sus estados financieros por falta de respaldo suficiente.
El documento, contenido en el Informe Consolidado de Auditoría (CRA N°2), concluye que en el 100% de los organismos auditados entre los años 2020 y 2024 no se logró validar cifras clave asociadas al uso de recursos públicos.
El informe también identifica una serie de problemas recurrentes, entre ellos:
- Falta de evidencia documental que respalde los saldos contables.
- Controles internos débiles o inexistentes.
- Registros contables inconsistentes y ausencia de análisis financiero.
- Sistemas informáticos deficientes, que no aseguran trazabilidad ni confiabilidad de la información.
Estas deficiencias, advierte la Contraloría, configuran un riesgo elevado de mala gestión, errores relevantes e incluso eventuales fraudes, afectando la transparencia y la correcta administración de los recursos fiscales.
A raíz de la magnitud de los hallazgos, el organismo fiscalizador resolvió:
- Iniciar 27 sumarios administrativos.
- Remitir antecedentes al Ministerio Público, para eventuales investigaciones penales.
- Informar al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de resguardar el patrimonio fiscal.
El período auditado comienza antes de la actual administración y se extiende hasta 2024, lo que sitúa las irregularidades como un problema de carácter estructural y transversal, más allá de un solo gobierno.
Desde el Ejecutivo se indicó que se analizará en detalle el informe para determinar si las observaciones corresponden a procedimientos corregibles o si será necesario implementar recomendaciones adicionales planteadas por la Contraloría.
Cabe precisar que el monto comprometido en estas irregularidades correspondería a más de $15,9 billones de pesos chilenos, equivalentes a aproximadamente US$17.500 millones.
Más allá de las responsabilidades que se determinen en cada caso, el informe deja en evidencia una debilidad profunda en los sistemas de control financiero del Estado, abriendo un nuevo foco de debate sobre transparencia, rendición de cuentas y modernización de la gestión pública en Chile.
